Los responsables de Profesorado de las universidades públicas pertenecientes al Grupo 9 de Universidades (G-9) se reunieron ayer, jueves 16 de febrero, para analizar cómo afectará la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a las políticas de profesorado. El encuentro de la Comisión Sectorial del Profesorado tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
La Comisión se mostró preocupada por la falta de compromisos de financiación en el desarrollo de la LOSU en materia de profesorado. Por ello, ha solicitado una clarificación al gobierno central y un compromiso presupuestario específico.
Integrantes de la Comisión de Profesorado del G-9, en la Universidad de Extremadura.
La aplicación adecuada de la Ley, señala el G-9, “solamente será posible, y exitosa, con una financiación adecuada por lo que solicita una solución urgente para esta situación”, a la par que constata que esta inquietud es compartida por los gobiernos autonómicos. “Hubiera sido deseable -señala el G-9-, que la definición de financiación de las medidas recogidas en la LOSU se hubiera producido en coordinación con las universidades”. El G-9 ha solicitado, asimismo, seguridad jurídica en el régimen del personal docente e investigador. En particular, “interesa que quede muy claro el régimen transitorio, con el fin de que se puedan atender las exigencias del inminente curso 2023/2024”, señalan.
Consultas enviadas a la Crue
Los representantes del G-9, reunidos bajo la presidencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, analizaron, durante su jornada de trabajo, los detalles de la Ley en materia de profesorado. Han formulado ya, en esta materia, una serie de consultas que ya han sido enviadas a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) para su posterior traslado al Ministerio de Universidades.
En opinión de los responsables de Profesorado, sería importante que el desarrollo de los ámbitos del futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) se fueran definiendo pronto, contando con las universidades en este proceso. El G-9 ha manifestado, por último, su voluntad constructiva para mejorar, conjuntamente, el sistema público universitario.
Grupo 9 de Universidades
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora.