Joan eduki nagusira

Con el fin de profundizar en el informe realizado por la Fundación Foessa sobre la crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19, la Universidad Pública de Navarra ha celebrado los días 10 y 11 de mayo el curso de primavera “La pandemia y los procesos de exclusión social en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana. Una lectura desde el Informe Foessa”, dirigido por los profesores Miguel Laparra y Nerea Zugasti, miembros del grupo de investigación ALTER de la UPNA. A lo largo de las dos jornadas, una veintena de expertos y expertas analizaron los diferentes aspectos en los que la población más vulnerable se ha visto afectada.

zoom Imagen de una de las mesas de debate celebradas en estas jornadas. De izquierda a derecha Juan José San Martín (Cruz Roja Navarra), Edurne Redín (Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social), Antidio Martínez de Lizarrondo (Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra) y Miguel Laparra (UPNA).

Imagen de una de las mesas de debate celebradas en estas jornadas. De izquierda a derecha Juan José San Martín (Cruz Roja Navarra), Edurne Redín (Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social), Antidio Martínez de Lizarrondo (Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra) y Miguel Laparra (UPNA).

La sesión inaugural contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu; la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, Begoña Pérez; el director técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores; y el director del Instituto I-COMMUNITAS de la UPNA, Juan María Sánchez Prieto.

Carmen Maeztu destacó la importancia de los sistemas de protección social ante el desempleo y, a modo de ejemplo, señaló que las medidas llevadas a cabo en Navarra evitaron el aumento de las tasas de pobreza. Las personas perceptoras de renta garantizada en Navarra suscribieron un 40% más de contratos de trabajo en 2021, hasta alcanzar los 20.558 contratos. Por su parte, Raúl Flores (Fundación Foessa) indicó que la pobreza poco tiene que ver con la insuficiencia de recursos, sino que tiene su origen en la desigualdad; y, en ese sentido, la crisis de la COVID-19, con su continuación en la crisis del alza de los precios, incrementó la desigualdad más allá de lo que se elevó durante la gran recesión que tuvo lugar del 2008 al 2013.

Impacto laboral de una nueva crisis

El profesor de la UPNA Miguel Laparra hizo referencia a que para avanzar en la lucha contra la exclusión “hay que incidir en la dinámica y en la accesibilidad al mercado de trabajo y en las condiciones de trabajo, especialmente de los empleos no cualificados que desarrollan los trabajadores más vulnerables”. En concreto, explicó que cada vez son mayores las dificultades para encontrar empleo por una parte de los desempleados: mientras que en 2008 el 26 % de los desempleados no conseguía encontrar un empleo en 1 año, ese porcentaje ha ido creciendo —tanto en los periodos de crisis como en los de expansión— hasta llegar al 43 % en 2020. “La inseguridad laboral grave (trabajadores con 3 o más contratos en un año, que han trabajado en 3 o más empresas o que han estado más de 3 meses desempleados en un año) ha aumentado considerablemente y afectaba en 2020 al 10,3 % de las personas sustentadoras principales, más del doble que antes de la pandemia”, indicó.

En ese contexto, Mª Antonia Carbonero, profesora de la Universitat de Illes Balears, señaló que se consolidan los trabajadores pobres, que trabajan pocas horas, con baja remuneración, pocos meses, en ocupaciones poco cualificadas, pero que se encuentran en exclusión social. Y Nerea Zugasti, profesora de la UPNA, se centró en cómo la pandemia ha impactado en la inmigración: “ha supuesto un retroceso en los procesos de integración social de la población inmigrante ya asentada y una ruptura de itinerarios que habían alcanzado una clara integración. Esto ha situado a una de cada tres personas extranjeras en situación de exclusión social severa”.

Víctor Sánchez Salmerón, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA, se refirió a cómo la crisis ha afectado especialmente a la juventud y a las personas menores de edad. “A día de hoy hay en nuestro país 1,5 millones de jóvenes en exclusión social severa, un 15 %”. Otros datos destacados fueron que las mujeres jóvenes han padecido un impacto mayor (5,5 puntos porcentuales más en el total de la exclusión), que casi ocho de cada diez jóvenes en hogares en situación de exclusión severa estaban desempleados en 2021, un 44% no tenía ninguna experiencia laboral y un 56 % no estudia ni trabaja.
Antidio Martínez de Lizarrondo, Jefe de Sección del Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, abordó otro aspecto como es la digitalización, “que se ha acelerado y la gran incógnita es saber qué va a ocurrir con aquellas personas que no están cualificadas y, por tanto, pueden tener serios problemas para su inserción laboral en el entorno productivo de Navarra”.

Cambios en las relaciones sociales

El análisis de Lucía Martínez Virto, profesora de la UPNA, constató cómo la pandemia produjo un distanciamiento generalizado de las relaciones sociales que, además, pierden calidad, muy especialmente las relaciones de amistad y aquellas que se dan en el espacio laboral. “La pandemia consolida e intensifica la pérdida de capacidad para dar y recibir ayuda con respecto a lo que se observaba en crisis anteriores. El 34 % de los hogares no reciben ayuda en momentos de necesidad”.

El director de Acción Social de Cáritas Española, Francisco Lorenzo, recordó que las familias no han tenido tiempo suficiente para completar el proceso de recuperación iniciado en 2014. “Solo el 36 % del total de los hogares tiene ahora un “colchón” suficiente: dispone de dinero para afrontar gastos imprevistos y cuentan con vivienda en propiedad ya pagada”.

Según Irene Lapuerta, profesora de la UPNA, la crisis ha traído una tradicionalización en el reparto de los cuidados. En los hogares biparentales con niños menores de 6 años aumentó en 8 puntos porcentuales el papel de las madres como principales cuidadoras en los momentos de confinamiento o en las cuarentenas y, en paralelo, tuvieron mayor probabilidad de perder el empleo. “Las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar la conciliación —señaló— han tenido escasa incidencia: la reducción de jornada ha llegado a menos de un 5 % de las madres y menos del 1 % en los padres y los cuidados se han seguido solucionando a través de mecanismos informales”.

Culpabilización y estigma

En el debate sobre la activación de los perceptores de prestaciones sociales, Miguel Laparra criticó la imagen social dominante que les asocia a actitudes de pasividad, cronificación y dependencia de las prestaciones. “La imagen asistencialista de que se reparten ayudas y no se hace nada más no se adecúa a la realidad” indicó. “Hay un volumen importante de actividades realizadas, según se muestra en el Informe Foessa. En total, en 2 de cada 3 hogares se hace un volumen importante de actividades orientadas a la inclusión”.

En ese sentido, Francisco Lorenzo mostró cómo los hogares en exclusión social han seguido criterios de reducción del gasto similares a los del conjunto de la población, y criticó a quienes culpabilizan a los más pobres por la forma en la que gestionan sus recursos: “el problema es la insuficiencia de recursos para este sector de la población y la debilidad de las políticas públicas en este ámbito”.

Propuestas desde las entidades

Edurne Redín, directora de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, valoró como “desiguales” las respuestas a la crisis sanitaria y social. Planteó la necesidad de aplicar las lecciones aprendidas sobre las consecuencias sociales observadas, la necesidad de articular cambios sustanciales que tiendan a un nuevo modelo de las instituciones y organizaciones “pre y ocupadas” en la exclusión social, garantes de los derechos de las personas más vulnerables.

En opinión del coordinador de Cruz Roja Navarra, Juan José San Martín, “No debemos plantear fórmulas antiguas para resolver situaciones nuevas”. Cuestionó, por ejemplo, las prácticas basadas en el reparto de alimentos, que visibilizan “las colas del hambre”, y optó por otras alternativas que den a las personas autonomía y capacidad de decisión respecto de sus prioridades.

Por último, Francisco Lorenzo (Cáritas) se refirió al tema de la vivienda y defendió aspectos positivos del modelo de régimen de tenencia de la vivienda en propiedad, propio de España: “Lo cierto es que la propiedad de la vivienda supone un nivel de seguridad elevado para las familias, especialmente en los momentos de crisis”. Como dato, apuntó que en esta nueva crisis más de un 10 % de los hogares en exclusión severa se han visto forzados a cambiar de vivienda”.