Representantes del equipo investigador ALTER de la Universidad Pública de Navarra han recogido esta mañana en el Auditorio de CIVICAN, de manos de la consejera Carmen Maeztu, el I Premio a los Proyectos Iniciativas de Evaluación que concede el Departamento de Derechos Sociales.
El jurado del Premio había reconocido hace unas semanas la calidad de un análisis sobre la incidencia en la Comunidad Foral del Proyecto de inclusión sociolaboral ERSISI elaborado por este grupo de trabajo.
La consejera Maeztu entrega el premio al representante el equipo ALTER, Laureano Martínez (Foto: Gobierno de Navarra)
En representación del grupo ALTER ha recogido el premio, dotado con 2.000 euros y un diploma acreditativo, Laureano Martínez Sordoni, uno de los componente del equipo investigador integrado por Begoña Pérez Eransus, Nerea Zugasti Mutilva, Lucía Martínez Virto, Ignacio García Lautre, José Antonio Moler Cuiral, Marta Lasterra Aznárez, Sandra Cerrón González, Víctor Sánchez Salmerón y Javier Arza Porras.
En el acto también se ha expresado el reconocimiento a la trayectoria de Marta Zalba Ibero, de la consultora Share, por su “contribución a la promoción de la cultura evaluativa en Navarra”.
Presidida por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, a la entrega de premios también han asistido el presidente de la Fundación Cajanavarra, Javier Miranda Erro, y los miembros del Jurado del Premio: Antonio Roldán Monés, que ha participado online, Iñaki Arana García y Sara Soto Ahechu; además del presidente del mismo, el Director General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Luis Campos Iturralde.
La evaluación, eje del buen gobierno
Tras felicitar a las personas del equipo ALTER y a Marta Zalba, la consejera Maeztu ha valorado en su intervención el impulso dado por el Gobierno de Navarra a la evaluación de las políticas públicas “como uno de los ejes del buen gobierno, especialmente para adoptar medidas centradas en las personas, cuyo objetivo es reducir la desigualdad y garantizar los derechos sociales de la ciudadanía mediante servicios públicos de calidad”. Asimismo, ha recordado el premio internacional recibido por su departamento hace unas semanas, por un trabajo que evaluaba la incidencia de un programa de ayudas económicas a familias monoparentales.
“Para tomar las mejores decisiones que influyan en la vida de las personas, necesitamos la información que nos aportan las evaluaciones”, ha subrayado Maeztu, “y esto adquiere todavía más relevancia en estos momentos de pandemia, por las consecuencias que pueda tener sobre las personas más vulnerables”.
Finalmente, Carmen Maeztu ha expresado su deseo de que “este premio y otros actúen como catalizador de iniciativas evaluadoras encaminadas a reducir la desigualdad y garantizar los derechos sociales de la ciudadanía mediante servicios públicos de calidad”, ha concluido.