El derecho de acceso a la información pública, consiste en el derecho de cualquier persona, física o jurídica, a acceder a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y sin necesidad de motivar su solicitud.

Se entiende por información pública, aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que dichas Administraciones Públicas posean.

Límites

El derecho de acceso está sujeto a ciertos límites, recogidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando suponga un perjuicio para:

• La seguridad nacional.
• La defensa.
• Las relaciones exteriores.
• La seguridad pública.
• La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
• Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
• Los intereses económicos y comerciales.
• La política económica y monetaria.
• El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
• La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
• La protección del medio ambiente.
• La protección de datos personales.

Causas de inadmisión

El artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, artículo 37 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establecen las causas de inadmisión de las solicitudes.

• Se refieran a información que la ley excluya del derecho de acceso. 
• Se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirijan y se desconozca el competente.
• Se correspondan con peticiones de respuestas a consultas jurídicas o peticiones de elaboración de informes o dictámenes.
• Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho.
• Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo.
• Se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como anotaciones, borradores, opiniones, resúmenes de uso interno o comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público. No tienen esta consideración: informes jurídicos, técnicos, económicos y de otro orden que formen parte del expediente o guarden relación con las resoluciones y otros actos administrativos.
• Se refieran a información que para su divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.