Los ponentes del curso de verano “online” que ha organizado la Universidad Pública de Navarra (UPNA) bajo el título “La garantía de unos ingresos decentes para todas y todos” han incidido, en su última jornada, celebrada el pasado viernes 11 de septiembre, en otras herramientas, al margen del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para mejorar la protección social de los sectores más vulnerables. Así, Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social SIIS, ha propuesto avanzar en el desarrollo de las deducciones fiscales reembolsables, de las que Navarra es pionera, mientras que Miguel Laparra Navarro, profesor de la UPNA y director del monográfico, ha defendido las ayudas para el alquiler como “instrumentos imprescindibles de las políticas de inclusión si no se quiere que una buena parte de los ingresos mínimos acaben destinados a pagar el alquiler y se detraigan de otras necesidades básicas, alimentarias o de salud”. Por su parte, José Noguera Ferrer, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha recomendado un encaje futuro del IMV con otras prestaciones asistenciales.

Según Joseba Zalakain, las políticas sociales de numerosos países occidentales viven, en los últimos años, un proceso de “fiscalización”, de forma que “una parte de las prestaciones económicas que anteriormente gestionaban la Seguridad Social o los sistemas de asistencia social en forma de prestación directa se canalizan ahora mediante deducciones o desgravaciones fiscales”. “Especialmente en el ámbito de las políticas de garantía de ingresos y de apoyo a las familias, el protagonismo de este tipo de herramientas fiscales no ha dejado de crecer y son cada vez más los países que han recurrido a estas formas —ha asegurado—. En ese marco de ‘fiscalización’, coexisten, sin embargo, dos enfoques: pese a su elevado coste, las deducciones convencionales parten de una lógica de reducción de la presión fiscal y benefician en escasa medida a los contribuyentes de rentas bajas, puesto que su deuda tributaria es nula o muy baja. Las deducciones reembolsables, por su parte, se apoyan en una lógica más orientada a la redistribución de la renta, en la medida en que funcionan como un impuesto negativo y se benefician de ellas también las personas que no hacen la declaración de la renta o tienen deudas muy reducidas”.

zoom Campus de Arrosadia

Campus de Arrosadia de la UPNA

A juicio de este experto, las experiencias de diversos países, incluyendo la de Navarra, pionera en España en el desarrollo de este enfoque, permiten identificar las ventajas y los riesgos de estas herramientas. “Entre las ventajas —ha descrito Joseba Zalakain—, destacan la mayor progresividad del sistema fiscal, la normalización del acceso a diversas prestaciones, la simplificación administrativa, los menores niveles de condicionalidad asociados a estos mecanismos o la mayor aceptación social de las deducciones fiscales frente a las prestaciones directas. Entre las desventajas, se pueden citar la dificultad de conciliar la lógica fiscal con la lógica de las prestaciones asistenciales, el riesgo de estigmatizar doblemente a los perceptores de prestaciones asistenciales que no perciben estas deducciones o los riesgos que supone la fusión de las herramientas de recaudación y gasto”. Pese a todo, Joseba Zalakain ha considerado que este tipo de herramientas pueden resultar “eficaces para mejorar el modelo de prestaciones económicas a las familias con menores, a los pensionistas de bajos ingresos y a los trabajadoras y trabajadores pobres”.

Reforzar programas de inclusión social y laboral

Por su parte, Miguel Laparra, profesor de Política Social en el Departamento de Sociología y Trabajo Social e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics), ha abogado por reforzar las políticas de inclusión activa y por financiarlas con los recursos que las comunidades autónomas van a ahorrar en rentas mínimas con la puesta en marcha del nuevo IMV de ámbito estatal, un ahorro que ha cuantificado en unos 1.000 millones de euros. “Este ahorro para las comunidades autónomas que gestionan programas de rentas mínimas de distinto tamaño abre la oportunidad de destinarlo a reforzar los programas de inclusión social y laboral. Es un deber ético conseguir que esos recursos no se destinen a otros fines”, ha indicado.

Además, ha resaltado que, para diseñar los planes y las estrategias de inclusión, debería tenerse en cuanta “la diversidad de situaciones que presentan los sectores excluidos, especialmente, en su relación con el mercado de trabajo: un tercio, aproximadamente, no se encontrarían en condiciones de afrontar un itinerario laboral; otro tercio está ya trabajando intermitentemente y necesita construir itinerarios de promoción laboral con el apoyo de los servicios de empleo; y otro tercio solo avanzará si se trabaja conjuntamente desde servicios sociales y de empleo, integrando ambas intervenciones”. También ha defendido que se priorice la inserción laboral para una mayoría significativa de perceptores de renta garantizada, una característica propia del modelo navarro, que “permite la compatibilidad con el empleo, ha desarrollado incentivos al empleo y ha experimentado un aumento significativo de recursos en empleo protegido”. 

Finalmente, José Noguera, director del Grupo de Investigación de Sociología Analítica y Diseño Institucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha señalado que IMV afronta “una complejidad inevitable debido a la inacción de los gobiernos anteriores durante más de un cuarto de siglo, que ha llevado a crear rentas mínimas autonómicas muy distintas”. “Ante ello, la solución adoptada ha sido la menos mala posible, pues las alternativas eran o bien un ‘artículo 155’ en rentas mínimas, constitucionalmente inviable, o bien dar el dinero a las comunidades autónomas sin ninguna garantía posible de que lo empleasen en sus propios programas —ha afirmado—. Habrá que estar atentos a la evaluación del IMV, pero siempre con rigor y teniendo claros cuáles son los criterios de evaluación y objetivos que se plantea, como la disminución de la intensidad de la pobreza y de la tasa de pobreza extrema, pues solo desde ellos puede determinarse si ha sido una política más exitosa o fracasada”.

El curso de verano titulado “La garantía de unos ingresos decentes para todas y todos”, en el que, a lo largo de tres días de la semana pasada, se ha debatido sobre las prestaciones económicas públicas, orientadas a evitar la carencia de ingresos en las familias sin recursos, ha reunido a 85 personas de distintas comunidades autónomas. Este monográfico ha sido organizado por el grupo de investigación ALTER de la UPNA y financiado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.