De izquierda a derecha, Lidia Almirantearena, Juan José San Martín, Alfonso Carlosena, Miguel Laparra, Ángel Iriarte e Inés García.
Navarra cuenta en la actualidad con una bolsa de población en situación de pobreza severa cifrada en cerca de 30.000 personas que apenas han podido percibir los signos de recuperación del dinamismo económico. Así se pone de manifiesto en el II Informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión elaborado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS) de la Universidad Pública de Navarra, que se ha presentado en una jornada a la que asisten más de 300 personas.
El informe constata en sus conclusiones que existe una tendencia hacia una crisis menos agresiva en su alcance (se inician menos procesos de exclusión), pero más dramática para quienes se encuentran en los escalones más bajos de una sociedad con una fuerte polarización socio-económica. Este hecho viene motivado, según el estudio, por el carácter regresivo del desempleo, por la merma de la calidad de los nuevos empleos y por las medidas de austeridad en materia de protección social.
El trabajo se ha dado a conocer este jueves, 26 de marzo, en una jornada celebrada en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud cuya inauguración ha sido presidida por el vicerrector de Investigación, Alfonso Carlosena, y que ha contado con la participación del director de la Cátedra CIPARAIIS, Miguel Laparra, y de representantes de las entidades que la integran: Cáritas Pamplona y Tudela, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Navarra y Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El trabajo, coordinado por Miguel Laparra, ha sido redactado por una decena de investigadores: Txerra García de Eulate, Marta Lasterra, Nerea Zugasti, Ángel García, Paola Damonti, Sagrario Anaut, Begoña Pérez Eransus, Lucía Martínez Virto, Rubén Lasheras y Patricia Azcona.
El mercado de trabajo y el impacto del desempleo en las familias
El avance de la recuperación económica en Navarra tras cinco trimestres de tendencia positiva del PIB ha de tomarse, según el informe, con cautela dado el considerable nivel de paro existente a finales de 2014. En este sentido, recuerda que seis de cada diez parados son de larda duración, lo que supone que se ha multiplicado por 7,5 desde 2008 al pasar de 3.600 a unas 27.000 personas. De igual forma, se pone de manifiesto que el tipo de empleos que está creando el nuevo crecimiento tienen una fuerte tendencia hacia la precariedad, a la extensión de la jornada parcial (que en ocasiones obedece a situaciones de fraude) y al incremento de la siniestralidad laboral.
En cuanto al desempleo, el informe recuerda que Navarra parte de una posición claramente destacada, pero la evolución durante la crisis ha sido peor, en términos relativos, con respecto a la media estatal y de muchas comunidades autónomas. El número de hogares con uno de sus miembros en paro ha pasado del 7,9% en 2007 al 26,1% en 2013. Esto supone que se han multiplicado por 3,3 frente al 2,7 de la media en España.
El informe destaca que la incidencia del paro es mayor en hogares cuya persona principal tiene estudios primarios o inferiores, en los encabezados por una mujer o aquellos con alguna persona extranjera. En las situaciones de desempleo total familiar se han detectado algunas diferentes notables. Así, el nivel de paro se multiplica por siete entre los de menor y los de mayor nivel de estudios y casi por tres entre los extranjeros y los nacionales. También se observa que el desempleo afecta a los hogares más jóvenes y a aquellos en los que el sustentador de una persona mayor de 65 años, en este último caso debido a fenómenos más complejos de reagrupación familiar, retornos al hogar o de retrasos en la división generacional
Recorte de prestaciones y desigualdad
En noviembre de 2009, el sistema de protección por desempleo cubría en Navarra al 78,7% de las personas desempleadas. En noviembre de 2014, este porcentaje alcanzaba el 55,23%. Los datos aportados por el estudios de CIPARAIIS pretenden confirmar lo que se califica como “estrategias de austeridad”, que han afectado de forma significativa al gasto social, fundamentalmente a partir de 2011.
Al ajuste en los recortes del sistema de servicios sociales, se han sumado los de otros programas de protección en salud, educación y vivienda orientados específicamente hacia los sectores más desfavorecidos, lo que, en opinión de los investigadores, ha supuesto un aumento exponencial de las situaciones de necesidad con resultados dramáticos en ciertos casos. “En el año 2012 (Navarra) es la comunidad que más reduce su gasto en la materia, lo que nos hace cuestionar hasta dónde llega el verdadero compromiso colectivo con este sistema de protección social”, señala el estudio.
La pobreza severa se estabiliza en niveles inaceptables
El estudio estima que el número de personas que se mantenían dentro de la bolsa de pobreza severa en Navarra en 2014 alcanzaba las 30.000. Los datos aportados apuntan a un grave deterioro económico de las familias que se encuentran en la escala social más baja con reducciones de nivel de ingresos cifradas por encima del 20%. Durante el periodo 2011-12, del total de personas que se encontraban en situación de pobreza severa, un 37,8% se encontraba ocupada, lo que, según el estudio, demuestra el debilitamiento del empleo como vía para la integración social.
La pobreza severa afecta más a personas con edad, con bajos niveles educativos, sin empleo, y a hogares monoparentales y extranjeros. En términos territoriales, la Ribera sigue presentando la incidencia más alta en Navarra. Pese a que la Ribera presenta la menor tasa de envejecimiento de Navarra (18,6%), mantiene la peor posición en el conjunto de los indicadores socio-económicos, especialmente los de desigualdad.
La pobreza tiene una innegable repercusión en la vida de las personas afectadas que deriva en un distanciamiento en términos de calidad de vida en relación al resto de la población. Se experimenta en una mayor degradación de la vivienda y de su entorno, un estado de salud peor al del resto de la población, una menor participación en la vida social y un grave deterioro económico.
Es precisamente la vivienda uno de los aspectos en los que se detiene el estudio, a la que se considera como un factor central de integración y de ciudadanía social. La crisis económica ha supuesto, en opinión de los redactores del informe, la evidencia e intensificación del riesgo de pérdida de la vivienda habitual. El informe se ha aproximado a la situación de exclusión de la vivienda a través de cuatro indicadores (insalubridad, hacinamiento grave, tenencia en precario y entorno degradado) y concluye que el 17% de los hogares navarros está afectado por alguna de ellas.
Crisis concatenadas y círculo de la escasez
El informe también constata que la realidad social de las personas que se encuentran en situación de exclusión social es diversa, variable y compleja. Los investigadores distinguen entre las trayectorias definidas como “crisis concatenadas”, en las que el detonante principal es habitualmente el desempleo, y las “crisis acumuladas”, caracterizadas por una suma de factores de exclusión en escenarios en los que la dificultad ya tenía un carácter más estructural.
Esta realidad ha sido especialmente dramática para aquellas personas vulnerables con anterioridad a la crisis y la intensidad del impacto entre estos hogares ha sido alarmante. A ello, se ha sumado el paso del tiempo, que ha implicado una pérdida de control de las situaciones cotidianas y a la ampliación de las privaciones en el espacio alimenticio, residencial, sanitario o de ocio. Es lo que los redactores del informe denominan como “círculo de la escasez”, que se ha ido haciendo más grande ante la dificultad de una incorporación laboral y de percibir apoyo informal o prestaciones sociales.
El informe concluye que la austeridad no está exenta de riesgos, ya que los recortes no se reparten de forma homogénea e impactan de forma mayor en el 10% de los hogares con ingresos más bajos. En este sentido, recuerda que la estrategia que ha marcado el Gobierno de Navarra en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza es divergente con las recomendaciones de la Unión Europea.
El equipo redactor del estudio apuesta por aplicar una estrategia que combine la protección de las personas con la recuperación del capital humano que se ha destruido en estos años. Las reformas de la Renta de Inclusión Social (RIS) deben basarse, según explica, más en la constatación de sus déficit de cobertura y en la situación de los grupos más necesitados, entre los que cita las familias con menores, los hogares monoparentales o los trabajadores pobres. También se solicita un esfuerzo de adaptación para atraer a las personas más alejadas del mercado de trabajo y una notable transformación del sistema público de servicios sociales, con un modelo de trabajo conjunto con los servicios de empleo y con el sistema educativo.