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zoom José Antonio Gómez (izda), Rafael Jiménez, Martín Razquin, María José Iglesias y Mikel Donazar (moderador)

José Antonio Gómez (izda), Rafael Jiménez, Martín Razquin, María José Iglesias y Mikel Donazar (moderador)

Cerca de medio centenar de personas asistió ayer a la primera sesión del ciclo “Conversaciones-Solasaldiak”, organizado por el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, que tuvo por título “Crisis, instituciones y clase política”. Los ponentes, expertos del Derecho y la Sociología, expusieron su análisis sobre la actual situación de España y coincidieron en sus causas: “El sistema institucional en España —en palabras de Rafael Jiménez Asensio— no funciona porque no funciona el sistema de controles y de rendimiento de cuentas”.

Los invitados de esta primera charla fueron Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional y director de la Fundación Democracia y Gobierno Global; José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo y profesor asociado de Sociología en la Universidad Carlos III; y María José Martínez Iglesias, miembro del Gabinete de la Presidencia del Parlamento Europeo. Martín Razquin Lizarraga, catedrático de Derecho Administrativo de la UPNA y coordinador del encuentro, introdujo la sesión con un breve análisis sobre la crisis financiera y, posteriormente, económica; la actual crisis social y el divorcio entre clase política, partidos y ciudadanía.

Rafael Jiménez Asensio manifestó que una de las causas de las actuales crisis económica, política e institucional que convergen en España es el “debilitamiento de la cultura institucional y el mal funcionamiento del sistema de controles y rendimiento de cuentas”. A ello añadió “una razón histórica de fondo: que las instituciones han sido cauce para repartir prebendas y favores. Hay mucho amiguismo, clientelismo y corrupción y, además, estamos inmersos en una crisis de valores”. En conclusión, señaló que el sistema adolece de controles efectivos y “por mucho que reformemos la Constitución y las leyes, el problema es que tenemos que mejorar el sistema de calidad de nuestras instituciones”. Como propuestas y a modo de ejemplo citó la necesidad de incrementar la ética pública a través de mayor transparencia y buen gobierno, educar en valores y evitar que las instituciones sean controladas por los partidos políticos.

En el funcionamiento de los partidos centró gran parte de su intervención el sociólogo y profesor universitario José Antonio Gómez Yáñez. En su análisis sobre la situación actual y los graves problemas que sufre España, señaló que “en estos últimos 35 años ha pasado algo que la élite política y sindical española decidió que no quería ver porque le iba bien” y se remontó al nacimiento de la Constitución: “surgió en un clima de miedo, miedo a la inestabilidad, y además introdujo instrumentos que han cosificado el sistema, haciendo prácticamente imposible que la Constitución pueda modificarse”. Criticó el defectuoso diseño institucional que existe en el texto constituyente y la nula regulación respecto a los partidos políticos, donde prevalece un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Como consecuencia de aquello, “hoy asistimos a la degradación de los partidos políticos, con asuntos como la corrupción y, más grave, asistimos a una irresponsabilidad en los partidos que ha llevado a una irresponsabilidad en las políticas”. En su opinión, es preciso regenerar, dar un nuevo sentido a los partidos políticos y dar más poder a los órganos de control, “que sólo serán buenos en la medida en que estén enfrentados con el poder”.

Por su parte, María José Martínez se refirió a la construcción y al funcionamiento de la Unión Europea, donde “la crisis ha puesto de manifiesto que la unión monetaria no estaba acompañada de una unión económica”. A su juicio, uno de los graves problemas es que “la UE no tiene competencias en materias que necesitan decisiones, y no tiene competencias porque no lo permiten los Tratados Actuales. Sin ellas, no hay Derecho y no hay normas que se puedan imponer a los Estados”. En este contexto se refirió a cómo el método comunitario ha permitido construir, “ha permitido extender al máximo las bases jurídicas y se han podido adoptar muchas medidas, como las de austeridad presupuestaria, regulación de los servicios financieros, etc.”