José Francisco Alenza
José Francisco Alenza García, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, ha participado en el All Souls College de la Universidad de Oxford en un seminario sobre el régimen jurídico de las nuevas formas de extracción de energía que se obtiene del subsuelo. En este seminario, que llevaba por título "Energy underground: Energy Law and transformational change", se presentaron algunas de las principales conclusiones del libro elaborado por los miembros del Grupo Académico Asesor (AGG) de la Sección de Derecho de la Energía, Medio ambiente y Recursos Naturales e infraestructuras de la International Bar Association (IBA), la asociación internacional de abogados más importante del mundo. El libro lleva por título “The law energy underground” y José Francisco Alenza ha participado en la redacción de uno de los capítulos, en el que se estudia el régimen jurídico del almacenamiento geológico del dióxido de carbono.
Este grupo académico prepara cada dos años un informe en forma de monografía que, en esta ocasión ha sido publicado por Oxford University Press. En el libro se tratan temas de gran actualidad, como la regulación en los distintos países de la fractura hidráulica para la extracción de gas (fracking), el almacenamiento geológico del dióxido de carbono, la energía geotermal o la propiedad de los recursos energéticos subterráneos. El libro fue presentado en el Congreso de la IBA, celebrado en Berlín los días 28 a 30 de mayo, y que contó con la presencia de más de 200 ponentes de medio centenar de países.
El capítulo elaborado por el profesor José Francisco Alenza, en colaboración con Iñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, estudia el régimen jurídico del almacenamiento geológico del dióxido de carbono (Spain's approach to new technologies: from underground structures to carbon dioxido storage). Existe una directiva y una ley española sobre esta actividad de lucha contra el cambio climático.
Ambas normas regulan los permisos de investigación y las concesiones para los lugares de almacenamiento del dióxido de carbono, así como la responsabilidad del concesionario que pudiera derivarse del almacenamiento y la transferencia de dicha responsabilidad a la Administración Pública 20 años después de su cierre.