Martín Razquin

Martín Razquin Lizarraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, ha publicado un libro en el que analiza la protección de los datos empresariales en poder de las Administraciones públicas. El libro, publicado por la editorial Iustel con la colaboración de la empresa Ingeteam, reflexiona sobre la necesidad de que se encuentre un equilibrio entre el principio de transparencia de las Administraciones y la necesaria confidencialidad de unos datos empresariales confidenciales que pueden ser utilizados deslealmente por terceros. El trabajo hace una especial incidencia en los sectores de la defensa de la competencia, la contratación pública y el medio ambiente.

El libro parte de una realidad, que es la ingente cantidad de datos empresariales que tienen las Administraciones Públicas. La actual política de transparencia que han puesto en marcha muchas Administraciones hace necesario, en opinión de Martín Razquin, un análisis de sus límites, en este caso relativos a otros derechos legítimos como la protección de datos empresariales. Este principio, vinculado a la libre competencia y a la libertad de empresa, persigue evitar que se haga un aprovechamiento desleal de los esfuerzos de innovación que realizan las empresas.

Este trabajo ha pretendido construir una teoría general del derecho a la confidencialidad de las empresas respecto de sus datos para proteger la libre competencia y ha puesto sus cimientos en el derecho originario y derivado de la Unión Europea y en la libertad de empresa reconocida por la Constitución española. El catedrático defiende que se trata de un derecho autónomo y general que, en consecuencia, debe ser aplicable en todos los ámbitos, tal y como muestra la normativa y jurisprudencia española y europea.

En el capítulo primero, se analiza qué se entiende por datos empresariales y cuándo estos datos pueden ser considerados como dignos de protección y, por lo tanto, objeto de confidencialidad. En definitiva, la confidencialidad es la protección que el ordenamiento jurídico concede a los datos empresariales en poder de las Administraciones Públicas, tal y como Razquin sostiene en la introducción, en la que también señala que, en correspondencia a este derecho, se presenta el deber de secreto de las autoridades y empleados públicos, que supera el deber de sigilo más general.

Martín Razquin sostiene en su trabajo que no se trata de enfrentar el derecho a la protección de los datos empresariales frente al derecho de los ciudadanos al acceso a los documentos en poder de la Administración. “Únicamente, se persigue delimitar en sus justos términos esta protección frente a accesos que pretenden vulnerar la igualdad y la libre competencia entre las empresas”, explica el autor.

En este sentido, el libro incluye también un capítulo dedicado al examen del derecho de acceso general a los expedientes, registros y archivos administrativos, regulación que es subsidiaria de las leyes específicas que se concretan para cada sector.