De izquierda a derecha, Emmanuel Rodríguez, Ángel Larrea, Begoña López Eransus, José León Paniagua y Alicia Ezker

La crisis del sector inmobiliario en España es la crisis de un modelo económico y una gran parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos, tanto el nacional como los locales, porque han desarrollado políticas de vivienda basadas más en el negocio que en los derechos sociales. En esta idea coincidieron ayer los expertos reunidos en torno a una mesa redonda que, bajo el título Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿es posible una política social de vivienda en España?, cerró el ciclo Conversaciones-Solasaldiak, organizado por el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra.

La última conversación del ciclo despertó el interés de un público que abarrotó la sala multiusos del Parlamento de Navarra. La mesa redonda estuvo coordinada por Begoña Pérez Eransus, profesora titular de Trabajo Social y directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la UPNA. Los invitados fueron José León Paniagua Caparrós, colaborador de FOESSA y del Observatorio de Vivienda Joven del Consejo de la Juventud de Madrid; Emmanuel Rodríguez López, adscrito al Observatorio Metropolitano de Madrid y a la Fundación de los Comunes; y Ángel Larrea Pérez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra. La sesión estuvo moderada por la periodista Alicia Ezker.

En su introducción al tema, Begoña Pérez Eransus apostó por buscar salidas creativas al drama que están viviendo muchas familias en torno a la vivienda y manifestó que, en estos momentos, las instituciones públicas “tienen que dar el do de pecho” y revertir en la sociedad la inversión pública que se hace en ellas, “que es lo que intentamos hacer desde la universidad, estudiando y evaluando fenómenos como el de la vivienda, previendo los efectos de determinadas políticas, llamando la atención sobre los riesgos y formando a profesionales en materia de intervención social para trabajar con colectivos excluidos”.

José León Paniagua, por su parte, aludió a los resultados de un estudio de la Fundación FOESSA (Fomento del Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que analiza el sector de la vivienda entre 2007 y 2013 y muestra un modelo de producción cuantitativo, de vivienda en propiedad, donde se ha eliminado prácticamente la vivienda pública como tal, con un alquiler residual y fuerte producción de segunda vivienda. A juicio de Paniagua, este modelo se ha incentivado desde las políticas públicas y ha tenido graves efectos sociales y económicos, como el fuerte endeudamiento de las familias, y ha propiciado además el aumento de la corrupción política.

“El problema es que no hemos aprendido de todo ello –señaló-, seguimos produciendo 50.000 viviendas al año y hay un montón de suelo urbanizado preparado para construir, y si miramos al actual Plan de Vivienda vemos que el objetivo es sanear el sector para volver al modelo anterior en cuanto se pueda”. Como alternativa, Paniagua apostó por incentivar únicamente el alquiler, promover las rehabilitaciones integrales de determinadas zonas urbanas y desarrollar el concepto de derecho a la vivienda desde el punto de vista de los derechos humanos.

Situación en Navarra

Imagen del público asistente.

Ángel Larrea Pérez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, centró su exposición en el drama de los desalojos y los desahucios que, igual que en otras zonas de España, se vive también en Navarra, una situación que calificó como “una estafa generalizada que tiene responsables concretos”. Larrea precisó que no se puede responsabilizar a la ciudadanía, “que es la que está pagando mientras otros se van de rositas”, y apuntó hacia las políticas públicas y el sistema financiero. “No ha sido una opción libre, las políticas públicas, la fiscalidad, sólo se han orientado hacia la compra. No quedaba más remedio que endeudarse. Y las entidades financieras han apoyado esto y han hecho negocio con cláusulas abusivas, con auténtica usura, con farragosidad intencionada”.

Larrea fue muy crítico con las políticas de vivienda del Gobierno de Navarra. “El tema de la vivienda lo ha tratado y lo sigue tratando en clave de negocio y no de servicio –dijo-. La Ley Foral de Vivienda aprobada en junio en el Parlamento de Navarra, que para nosotros era de mínimos, la está ninguneando con un decreto que ni la menciona para no aplicarla. El Gobierno de Navarra está demostrando una tremenda insensibilidad en este asunto, donde tenemos un montón de familias desahuciadas y en situación crítica y al mismo tiempo tenemos más de cien casas vacías de propiedad pública”.

Larrea añadió que, ante la “inacción de los Gobiernos”, ha sido la ciudadanía la que ha tenido que aportar soluciones, que a su juicio pasan por medidas como la promoción del alquiler, la modificación de la Ley Hipotecaria y la dación en pago retroactiva. “Dicen que esto hundiría el sistema financiero –precisó-, pero es que el sistema financiero se ha hundido solo. Nosotros decimos que es viable económicamente. Toda la dación en pago de toda España es menos dinero de lo que nos ha costado el rescate de Bankia, por ejemplo. En EEUU y Europa están dando otras salidas, aquí no, aquí prescribe todo, la corrupción, los delitos fiscales… lo que no prescribe nunca es la deuda de muchas familias condenadas a la muerte social”.

Por último, Emmanuel Rodríguez López, adscrito al Observatorio Metropolitano de Madrid y a la Fundación de los Comunes, destacó que la burbuja inmobiliaria española no ha sido solo un fenómeno español sino también europeo, ya que en el suelo español se ha concentrado dinero procedente de inversores de distintos países. Rodríguez insistió también en que las políticas públicas han favorecido este escenario, con medidas en materia fiscal, ambiental, de suelo, de obra pública, “y lo malo es que para el futuro nos proponen lo mismo, un nuevo ciclo inmobiliario que ya veremos cómo despega.