De izquierda a derecha, José Manuel Freire, Ariadna García y Fidel Campoy.

La falta de planificación y transparencia, la improvisación, la intervención de gestores ajenos al sector sanitario, estas son algunas de las razones que condujeron a la marea blanca, la gran movilización madrileña contra las medidas privatizadoras promovidas por el gobierno autónomo de Esperanza Aguirre, primero, y continuadas después por su sucesor, Ignacio González. Estos fueron, al menos, los motivos en los que coincidieron ayer los ponentes de la mesa redonda que abría el ciclo Conversaciones-Solasaldiak, organizado por el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, bajo el título “Sanidad. Tras la marea blanca. Redefinición del espacio público/privado”.

La mesa redonda estuvo moderada por Ariadna García Pardo, doctora en Economía y profesora del Departamento de Economía de la UPNA, y tuvo como ponentes a José Manuel Freire, jefe del Departamento de Salud Internacional y director del Máster de Salud Pública Internacional del Instituto de Salud Carlos III, y a Fidel Campoy, médico experto en gestión de servicios de salud y aseguramiento sanitario, con más de veinticinco años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Ambos coincidieron en las causas de la marea blanca –es fruto de una “inmensa torpeza política”, llegó a decir Campoy- y en parte en el diagnóstico, pero discreparon en las soluciones.

Ariadna García Pardo abrió el debate con una pregunta sobre las movilizaciones sanitarias en Madrid: “¿Qué hay detrás de todo ello, hay trasfondo ideológico, hay razones técnicas, hay falta de previsión?”

Movilización “sin precedentes”

Imagen del público asistente donde se ve en la primera fila a la vicerrectora Eloísa Ramírez (dercha) y al presidente del Parlamento, Alberto Catalán.

Tomó la palabra José Manuel Freire para hacer un breve resumen de los antecedentes y se refirió a la transferencia de las competencias sanitarias a la Comunidad de Madrid en 2002, cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón, cuya gestión se mantuvo –en su opinión- dentro de la línea general del resto de comunidades autónomas españolas. A su juicio, todo cambio con la llegada de Esperanza Aguirre al poder: “Los consejeros no tenían nada que ver con el sector. Sin ningún estudio previo, convierten en mixta la gestión de seis hospitales. Aguirre vuelve a ganar las elecciones e incide en la creación de más hospitales, pero ahora de gestión totalmente privada, siguiendo el modelo valenciano.”

Freire señaló que esta situación conduce a la marea blanca cuando, ya en mitad de una profunda crisis económica, hay una sucesión de acontecimientos determinantes: “Se anuncian nuevas medidas en el sector sanitario, dimite Esperanza Aguirre e Ignacio González decide inmediatamente seguir adelante con un paquete de acciones que incluyen la transformación del Hospital Princesa en Geriátrico, del Carlos III en hospital de larga estancia, la supresión de todos los oficios no médicos en hospitales, y la privatización de seis hospitales y 20 centros de salud. Y todo ello sin ningún papel, sin ningún estudio que justifique esa política”.

Las medidas dan lugar a una movilización “sin precedentes” en el sector sanitario madrileño, que posteriormente conduce a la judicialización del proceso y a la paralización del mismo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Explorar todas las vías

Fidel Campoy, por su parte, fue también crítico con la política sanitaria madrileña, “a nadie se le ocurre anunciar tanto cambio en quince días” –dijo-, pero rechazó la “sobreestimación” del riesgo de lo privado y la “satanización” del ánimo de lucro en la gestión sanitaria. Campoy defendió la sanidad pública, aunque abogó por mejorar sustancialmente su gestión explorando todas las vías posibles, públicas, privadas o mixtas, y puso como ejemplo la experiencia de países como Holanda o el Reino Unido.

A su juicio, tras la marea blanca, las causas siguen ahí. “La sentencia –con la que estoy de acuerdo, por cierto- no resuelve el problema, tenemos recursos limitados, el sector tiende al incremento continuo del gasto, vivimos muy tranquilos con el déficit presupuestario, pensamos que ya vendrá alguien y se hará cargo, pero esto es irreal y debería ser inaceptable por parte de los profesionales pues supone una nula valoración de la buena gestión. Hay que ir a las causas, ya sea por la vía privada o por la pública, no hay que descartar nada”.

Fidel Campoy defendió técnicamente el modelo sanitario valenciano y reclamó recorrido para el mismo al objeto poder valorarlo con perspectiva. “Está bien diseñado técnicamente, ha gestionado bien las inversiones, las concesiones han sido bien valoradas, mejor que los servicios públicos directos, según la Agencia Valenciana de la Salud. El ahorro es del 30% por persona”.

Admitió, sin embargo, que es un modelo que no se ha sabido gestionar debidamente en el plano político. “Es cierto que el mayor riesgo que tiene es el político, se han cambiado las reglas en mitad de la partida, se cambia la definición de persona protegida, exigiendo estar empadronado en la Comunidad Valenciana, y solo en Denia se caen 16.000 personas del sistema. Esto resta seriedad al modelo”.