DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROYECTO PJUPNA 21-2022 (DATAPIA) (finalizado)

A través del proyecto DATAPIA pretendemos abordar una investigación sobre el uso de datos por las administraciones públicas en el ejercicio de distintos aspectos concretos de la actividad administrativa. El uso de tecnologías disruptivas por parte de las administraciones públicas y las entidades del sector público es cada vez mayor, lo cual puede contribuir con importantes avances desde el punto de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión. No obstante, eso entraña que, en las diversas áreas de la actividad administrativa se está produciendo un tratamiento masivo de datos, que, en gran parte son datos de carácter personal y que afecta derechos fundamentales e intereses legítimos de los particulares. Todo lo cual genera importantes problemas de seguridad jurídica a las personas administradas y a las propias administraciones públicas.  

            El proyecto DATAPIA plantea desarrollar una investigación que aborde el uso de datos en distintos ámbitos de la actividad de las administraciones públicas, con el fin de aportar seguridad jurídica y plantear en qué condiciones debe realizarse ese tratamiento de datos para que no resulte lesivo a los derechos fundamentales de los y las administradas.   

            Los objetivos del proyecto DATAPIA son los siguientes:

• Analizar el régimen jurídico del tratamiento de datos por las Administraciones Públicas como consecuencia del uso de tecnologías disruptivas. 
• Estudiar las situaciones de riesgo que lo anterior puede entrañar para la ciudadanía en general y, en especial para colectivos vulnerables y mujeres. 
• Analizar el tratamiento de datos personales y el uso de tecnologías disruptivas en ámbitos concretos de la actividad administrativa: procedimiento administrativo, contratación pública, prevención ambiental y entidades locales (Smart Cities).  
• Aportar seguridad jurídica en cuanto al uso de las tecnologías disruptivas por parte de las administraciones públicas. 
• Realizar propuestas generales de mejora de la regulación existente, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, con especial consideración de los colectivos vulnerables, ante el uso de datos y de tecnologías disruptivas por las administraciones públicas.  

El proyecto plantea beneficios para las administraciones públicas y para la ciudadanía en general.  

Para las administraciones públicas, puesto que el estudio pretende aportar, por un lado, seguridad jurídica al uso de tecnologías disruptivas por parte de las mismas, un ámbito que en la actualidad está plagado de incertidumbre.  

Para la ciudadanía, porque esa misma seguridad jurídica que se pretende aportar, incide directamente sobre los derechos fundamentales de los particulares. En este sentido, podrán contar con un instrumento que aporte seguridad frente al uso de sus datos por las administraciones públicas.  

Especial mención merece la perspectiva de género del proyecto, así como su visión inclusiva hacia colectivos vulnerables, que son especialmente tenidos en cuenta en el estudio que se plantea, dada el riesgo extra que sufren de ver vulneradas sus garantías básicas frente al uso de datos.