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Friday, May 18, 2018

Weekly Tip INARBE: ¿Hay que reformar el gobierno de los planes de pensiones individuales en España?

Por Abinzano, I., Muga L. y Santamaria R

El 10 de febrero de 2018 se aprobó un nuevo reglamento de las instituciones de inversión colectiva entre cuyas modificaciones se encontraba la limitación de las comisiones máximas a cobrar por parte de los planes de pensiones (1,5% en el caso de planes de renta variable, 1,3% en los mixtos de renta fija y 0,85% en los de renta fija). Aproximadamente 2 meses después, y a tan solo trece días de que terminase el plazo que prevía dicha normativa, “elEconomista.es” se hacía eco de que únicamente 3 de los 296 planes que tenían la comisión por encima de estos niveles la habían reducido.

Esta circunstancia nos lleva a reflexionar sobre la regulación que afecta a los planes de pensiones en España y, en particular, a los planes de pensiones individuales. Para evitar el abuso en el cobro de comisiones, la regulación en España se ha dirigido únicamente por la vía de limitar las cuantías máximas, lo que simplemente ha llevado a que éstas se aproximen mucho a  los límites máximos sin que se aprecien variaciones muy significativas entre planes. Tan sólo se aprecia que los planes tienen clases, con idéntica política de inversión pero con comisiones considerablemente más reducidas, para acoger a los clientes con mayor inversión media, mayor sofisticación o mayor interés de fidelizarlo por parte de la entidad comercializadora. Pero, en términos generales, ni la imposición de estas comisiones máximas ni el mecanismo del “derecho de salida” que proponían Fama y Jensen en 1983 funciona adecuadamente en nuestro país. Las razones más importantes se encuentran en la elevada concentración de la oferta, frente a una demanda completamente dispersa, poco sofisticada y sin capacidad efectiva de negociación, fruto de una regulación que perjudica notablemente a los planes individuales frente a los planes de empleo (o a los asociados).

La importancia de esta regulación en términos de los mecanismos de gobierno corporativo con que cuentan los planes de empleo (o, incluso, los asociados) frente a los individuales ha sido objeto de atención en un artículo publicado en el International Review of Financial Analysis (2017), por parte de Isabel Abínzano, Luis Muga y Rafael Santamaría. En dicho trabajo se constata que las comisiones son significativamente menores y el performance es claramente superior en los planes de empleo frente a los individuales del mismo tipo. Es más, se observa un efecto realmente preocupante consistente en que las gestoras que tienen a su cargo ambos tipos de planes, debido a los incentivos y a la diferente capacidad de negociación derivada de la estructura de gobierno corporativo, tienden a parasitar a los planes individuales con la finalidad de favorecer a los planes de empleo. En otro trabajo reciente de estos autores también se demuestra que los planes de empleo tienen capacidad de reducir sus comisiones a través de la amenaza de cambio de la gestora o su sustitución real, resultado que no se produce en el caso de los planes individuales.

En resumen, lo que se aprecia es que las regulaciones encaminadas a crear mecanismos de gobierno corporativo que consigan alinearse con los intereses de los partícipes (en particular creando un Comité de Control con capacidad para despedir a la gestora o a la depositaria) son útiles y efectivos para reducir los costes de agencia existentes entre gestores e inversores. Los planes de pensiones individuales en España carecen de dicha Comisión de Control (disponiendo únicamente del “defensor del partícipe”) lo que les deja en una posición de extrema debilidad frente al comercializador (entidad financiera) que es quién tiene la capacidad para nombrar y cesar a gestora y depositaria. Dado que la regulación basada en niveles máximos de comisiones se ha observado inoperante para corregir este problema, lo que sugieren estos trabajos es que es necesario introducir una reforma normativa que permita que los mecanismos de gobierno de los planes individuales se acerquen lo más posible a los existentes para los planes de empleo, ya que en ellos se observa el efecto positivo derivado de la existencia de mecanismos de gobierno efectivos en la reducción de los costes de agencia existentes en los planes de pensiones.

Referencias:

Abinzano A., Muga L. and Santamaría R. (2017) “Bad company. The indirect effect of differences in corporate governance in the pension plan industry" International Review of Financial Analysis, 54, 63-75.

Abinzano, I. Muga, L. and Santamaria, R.  “Governance, Decision-Maker and Fee Setting in the Pension Plan Industry” (October 2, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2827519 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2827519

Fama, E. F., and M. C. Jensen, 1983, “Agency problems and residual claims,” Journal of Law and Economics, 26, 275–302.



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