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Friday, May 24, 2019

Weekly Tip INARBE: Depósito y publicidad de las cuentas anuales: tensión entre transparencia y calificación registral

Por Rafael Lara

Anualmente los meses de abril, mayo y junio componen la “estación” en cuyo marco las juntas generales de las sociedades de capital vienen aprobando de manera ordinaria sus correspondientes cuentas anuales.

Sin embargo, los socios y los administradores que se hallan directamente interpelados por esta información de naturaleza contable no son los únicos “usuarios” de la misma, ya que, en realidad, todos los operadores que se relacionen con la correspondiente sociedad (v.gr. acreedores, trabajadores, potenciales inversores, proveedores o consumidores) comparten ya o pueden llegar a compartir el riesgo empresarial con los socios de las compañías.

Es por ello que la Ley obliga a que dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales los administradores de la sociedad presenten para su depósito, en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas.

Tras el depósito de las cuentas anuales cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados, dándose así cumplimiento a la publicidad de los mismos.

            Ahora bien, para causar el depósito de las cuentas anuales no sólo se precisa que los administradores presenten los documentos necesarios en el Registro Mercantil sino que es obligatorio que el registrador actúe con carácter previo y como presupuesto de tal depósito llevando a cabo un control de legalidad de los documentos presentados.

            Así pues, la basilar razón de ser del Registro Mercantil relativa a su función de fuente de información para los potenciales interesados, se ve en no pocas ocasiones orillada a la hora de acceder las cuentas anuales al Registro Mercantil toda vez que suele ponerse el énfasis del análisis en la función calificadora del registrador, de manera que coherentemente se alcanza una apreciación de la institución registral más propia de una perspectiva de medio de control o de policía que de un instrumento de información.

            Palmaria muestra de ello es la reticencia de los registradores mercantiles a depositar cuentas anuales cuando existe denegación de opinión por el auditor designado o informe con opinión desfavorable.

            Por lo que a la opinión denegada se refiere, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) ha venido afirmando la improcedencia del depósito de cuentas. Dicha doctrina, hoy en parte superada como se verá, entiende que la Ley piensa exclusivamente en un informe de auditoría que dé satisfacción al derecho a conocer el estado de las cuentas, es decir, un informe de una auditoría realizada, o sea, que haya permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad[1].

            Frente a esta doctrina se ha ido imponiendo la más reciente que, flexibilizando el análisis anterior, afirma la posibilidad de proceder al depósito al que el informe con opinión denegada se refiere. Así, se admitió el depósito de cuentas con un informe de auditoría en el que no se expresaba una opinión sobre las cuentas anuales debido al efecto muy significativo de las incertidumbres observadas por el auditor, entendiendo que la falta del depósito de las cuentas desvirtuaría su finalidad y sustraería a los socios y a los terceros una información mercantil relevante[2].

            No debe admitirse el depósito de cuentas cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión, pueda ser imputada a la actitud de la propia sociedad, por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación relevante correspondiente que permita al auditor llevar a cabo sus trabajos, pues en estos casos la admisión del depósito de cuentas implicaría una frustración de la finalidad de la Ley, así como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso[3].

            Por otra parte, es forzoso reconocer que no toda opinión denegada tiene porqué implicar necesariamente el rechazo del depósito de cuentas. La conclusión anterior conlleva determinar en qué supuestos un informe de auditor con opinión denegada por existencia de reservas o salvedades es hábil a los efectos del depósito de cuentas. No se trata de una cuestión sencilla ciertamente dada la parquedad y ambigüedad con que se pronuncian las normas aplicables. Hay que partir en cualquier caso de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que se nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio[4].

            Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar si el informe aportado cumple o no con dicha finalidad. A este respecto tiene declarado la DGRN que el informe no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente ninguna información clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados[5].

A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a realizar un análisis del informe del auditor presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de concluirse, con independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a las normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la revisión de las cuentas anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

Corolario de esta doctrina más reciente es la afirmación de que la denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al registrador mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. Igual consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte la imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad[6].

La gran trascendencia que para la sociedad conlleva el cierre de la hoja por falta de depósito aconseja extremar la prudencia y limitar los casos de denegación de depósito a aquellos en que del informe del auditor resulte la afirmación de existencia de incumplimiento del deber de colaboración, de modo que haya impedido al auditor la elaboración de su informe o la emisión de opinión[7]; supuesto al que hay que asimilar aquellos en los que resulte la afirmación del auditor sobre la imposibilidad de conocer el contenido de las cuentas sociales. En ambos supuestos resulta clara la frustración del interés perseguido por la Ley de que se lleve a cabo la “revisión y verificación de las cuentas anuales” a fin de emitir un informe “sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros”.

A similares conclusiones ha llegado la DGRN en relación con el supuesto de informe de auditoría con opinión desfavorable. En efecto, de modo similar al supuesto de opinión denegada, su doctrina ha evolucionado desde una posición restrictiva a otra más flexible y respetuosa con la realidad de las cosas.

Así, en un primer paso entendió que la expresión de una opinión desfavorable implicaba una frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y de los terceros, en su caso[8], y en uno posterior, se acogió la misma línea argumental expuesta en relación a la opinión denegada afirmando que “denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que lleva a emitir dicha opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva[9].

En definitiva y por los mismos motivos expuestos, debe procederse al depósito de las cuentas objeto del informe de auditoría con opinión desfavorable si del mismo resulta el análisis llevado a cabo de los cuentas en términos tales que implique la toma de postura del auditor “sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros”. Aunque la opinión sea desfavorable si el informe no contiene la afirmación de un incumplimiento cualificado del deber de colaboración o de que resulta imposible conocer el estado de las cuentas anuales no debe rechazarse su depósito[10]. Si las cuentas anuales han permitido al auditor la emisión de su opinión y el resultado es que las cuentas no son fiables se cumple la finalidad establecida la Ley sin perjuicio de las consecuencias que la emisión del informe con opinión desfavorable pueda tener para la aprobación de las cuentas, o la valoración que eventuales terceros hagan de su contenido.

Tornar a la primacía de la función informativa del Registro Mercantil es algo que debe situarse en línea con una visión holística de la vida económica y jurídica, en la que no se debe descartar a priori que, en no pocas ocasiones, puede tener más valor la transparencia que la vigilancia.

 

[1] Vid. RRDGRN de 28 de agosto de 1998, 16 de abril de 2003, 5 de mayo de 2004, 29 de enero y 5 de septiembre de 2013 y 2 de julio de 2015, entre otras.

[2] RDGRN de 10 de enero de 2014.

[3] Por todas, RRDGRN de 28 de agosto de 1998 y 17 de mayo de 2001.

[4] Como sostuvo la RDGRN de 11 de marzo de 2014.

[5] RRDGRN de 28 de agosto de 1998, 17 de mayo y 3 de julio de 2001, 18 de septiembre de 2002, 5 de mayo de 2004, 25 de mayo de 2009, 21 de noviembre de 2011, 29 de enero, 5 de septiembre y 12 y 13 de noviembre de 2013, 8 y 10 de enero, 11 de marzo, 23, 24, 25 y 26 de junio y 1 de agosto de 2014, 20 de octubre de 2015, 28 de abril y 3 de mayo de 2016 y 21 de enero, 30 de marzo y 21 de junio de 2017.

[6] Cfr. RRDGRN de 30 de marzo y 21 de junio de 2017.

[7] RDGRN de 30 de marzo de 2017.

[8] Así en la RRDGRN de 1 de agosto de 2014.

[9] RDGRN de 20 de octubre de 2015.

[10] Vid. RRDGRN de 2 de enero de 2017.



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