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Friday, January 26, 2018

Weekly Tip INARBE: Contratos con doble finalidad y protección normativa: ¿es "consumidor" quien adquiere bienes o servicios para atender simultáneamente intereses privados y empresariales o profesionales?

Por María Luisa Arcos Vieira

Es sabido que cuando un sujeto, actúando en condición de mero “consumidor”, entra en relación con una empresa o un profesional, resulta protegido por el conjunto de normas tuitivas que responden a la premisa de que quien, sin especial cualificación, contrata bienes o servicios se encuentra en una situación de inferioridad frente al empresario o profesional que los proporciona. Actualmente, el art. 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU; aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007) dispone que son consumidores “las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión” y “las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.

La práctica demuestra, sin embargo, que no es infrecuente que quien adquiere ciertos bienes o servicios lo haga con la finalidad reconocida de atender intereses tanto estrictamente particulares como empresariales; no, por tanto, con un propósito o en un ámbito “totalmente” ajenos a estos segundos. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando un empresario o profesional contrata una línea telefónica móvil, compra determinados bienes (ordenadores, teléfonos, vehículos), contrata ciertas obras (particularmente, en los casos en que el domicilio personal y el de la empresa coinciden -p. ej., actividades agrícolas o ganaderas-), o pide préstamos que no destinará exclusivamente a su integración en una actividad económica.

En tales casos, se plantea el problema de determinar si el adquirente puede aún beneficiarse de la protección de las normas de consumo en consideración a esa finalidad solo “parcialmente” privada que concurre en la operación. Tal protección, conviene puntualizar, no solo supone la posibilidad de invocar la aplicación de la normativa especial, sino también –y esto resulta de interés en la medida en que aquel problema se pondrá en evidencia, normalmente, en el momento en que surjan discrepancias entre las partes- la de hacerlo en el contexto del arbitraje de consumo, vía esta de resolución de conflictos más rápida, ágil, económica y accesible que la judicial.

Aunque la doctrina ha señalado la conveniencia de aclarar cuál debe ser la consideración legal del contratante mixto o con doble finalidad, hasta el momento el Derecho español no ofrece una respuesta legal expresa a esa cuestión. De ahí el interés de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala primera, de 5 de abril de 2017. En el caso enjuiciado (anterior a la redacción vigente del art. 3 TRLGDCU) el demandante-recurrente había contratado con una entidad financiera un préstamo hipotecario a interés variable –sin indicación del destino dado al dinero- por un importe de 540.000 euros luego ampliado, y con una cláusula de limitación del interés cuya nulidad solicita judicialmente. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que había estimado la demanda, fue revocada por la Audiencia Provincial en la ahora recurrida en casación, y que el TS confirma. El dinero se empleó para obras realizadas en diversos edificios ubicados en la finca hipotecada, de los que uno se dedicaba en su integridad a la explotación en régimen de alquiler por habitaciones.

El TS recuerda que, a falta de norma ad hoc, “la doctrina y la denominada jurisprudencia menor han considerado que son posibles varias soluciones: que el contratante siempre es consumidor (pues a veces usa el bien o servicio para fines personales); que nunca lo es (ya que lo usa para fines profesionales); o que lo será o no en atención al uso preponderante o principal”.

La STJCE de 20-1-2005 (Caso Gruber), a la que el TS parece citar como partidaria de la tercera solución (el uso “preponderante o principal”) y en apoyo de su propio criterio, entiende en realidad que, para ser considerado consumidor, es necesario que “el uso profesional sea marginal hasta el punto de tener un papel insignificante en el contexto global de la operación de que se trate, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que predomine el aspecto no profesional”. Es decir, para la STJCE, en una interpretación seguida por la doctrina española mayoritaria, aquella condición se rechaza en los contratos mixtos salvo que el interés profesional concurrente sea insignificante. Por encima de ese límite el contratante mixto no será considerado consumidor; razón que explica que, en el caso resuelto por el TS, la Audiencia Provincial revocara la sentencia estimatoria de primera instancia, al apreciar en el caso un uso empresarial más que meramente marginal o insignificante.

¿Es esta, entonces, la posición adoptada por el TS en la sentencia comentada? No exactamente:

“el criterio del objeto predominante ofrece una herramienta para determinar, a través de un examen de la globalidad de las circunstancias que rodean al contrato -más allá de un criterio puramente cuantitativo- y de la apreciación de la prueba practicada, la medida en que los propósitos profesionales o no profesionales predominan en relación con un contrato en particular. De manera que, cuando no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un propósito ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuestión deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato, en atención a la globalidad de las circunstancias y a la apreciación de la prueba”.

En suma, aun aparentemente favorable a la teoría dominante en la jurisprudencia del TJUE y en la doctrina española –sumamente restrictiva en cuanto a la compatibilidad entre la condición legal de consumidor y la concurrencia de intereses empresariales, y acogida en la SAP confirmada-, la STS de 5 de abril de 2017 acaba optando por la tesis minoritaria del uso predominante (“deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato”); tesis que favorece al contratante mixto -amparado entonces por la normativa especial y con acceso al arbitraje de consumo-, y que ya venían defendiendo algunas audiencias provinciales en los meses previos a la resolución del Alto Tribunal.

 Referencias:

Arcos Vieira, M. L.: “Condición legal de consumidor y contratos con "doble finalidad". Comentario a la STS de 5 de abril de 2017 (RJ 2017, 2669)”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 105, 2017, págs. 343-383.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: “Comentarios a los artículos 2 y 3 TRLGDCU”, Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, coord. R. BERCOVITZ, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2015, pp. 49-70.

BUSTO/ÁLVAREZ/PEÑA: “La posición del consumidor y del usuario en el Ordenamiento jurídico español”, Reclamaciones de consumo, 2010, Thomson Aranzadi (http://aranzadi.aranzadidigital.es/).

CABANILLAS SÁNCHEZ, A.: “El concepto de consumidor en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, Estudios Jurídicos en Homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Tomo I, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 377-399.

CÁMARA LAPUENTE, S.: “El concepto legal de «consumidor» en el Derecho privado europeo y en el Derecho español: aspectos controvertidos o no resueltos”, Cuadernos de Derecho Transnacional, marzo 2011, vol. 3, nº 1, pp. 84-117 (https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1068/387).

MARÍN LÓPEZ, M. J.: “La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad (personal y empresarial). La STS de 5 de abril de 2017”, Centro de Estudios de Consumo, Publicaciones jurídicas, abril 2017 (http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_condicion_de_consumidor_en_los_ contratos_con_doble_finalidad.pdf).

“El <nuevo> concepto de consumidor y empresario tras la Ley 3/2014, de reformar del TRLGDCU”, Revista CESCO de Derecho del Consumo, 9, 2014, pp. 9-16  (http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco).



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