• ES
  • EU
  • EN


Noticias


Viernes 7 de junio de 2019 [Institucional]

Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades

zoomFoto de grupo de la Comisión sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades

Foto de grupo de la Comisión sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los días 6 y 7 de junio de 2019 en Logroño (Universidad de La Rioja).

Constituida por más de 100 personas de las 9 universidades públicas, la Comisión Sectorial de Investigación está compuesta por los siguientes grupos de trabajo: Vicerrectores; Unidades de Gestión de la Investigación; Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación; Genueve Ediciones; Divulgación y Cultura Científica; Bibliotecas; Proyectos Europeos; Doctorado y Servicios de Apoyo a la Investigación.

Los distintos grupos de trabajo han constatado que no se han producido avances significativos respecto al último Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del G-9 del mes de enero, a pesar de las distintas iniciativas legislativas adoptadas por el Gobierno. En particular, los distintos decretos promulgados para paliar los efectos negativos sobre la investigación de la Ley de Contratos del Sector Público, los procedimientos para la contratación laboral y los mecanismos de captación y retención de talento siguen sin funcionar adecuadamente en el sistema universitario de nuestro país. Todas estas medidas, destinadas a mejorar la eficacia de la I+D+i, han creado desconcierto e incertidumbre en nuestras instituciones.

Entre las cuestiones pendientes aún por resolver se encuentran:

Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF): las universidades públicas del G-9 valoran positivamente la mejora de las condiciones laborales que recoge el Decreto. Sin embargo, se ha demostrado que genera un grave perjuicio sobre los presupuestos universitarios, al tiempo que no proporciona un marco claro de aplicación. Ello se traduce en dificultades e incertidumbres que afectan a las personas beneficiarias. Es necesario, por tal motivo, que las convocatorias vayan acompañadas de la financiación que se debe destinar a estos contratos, vitales para mantener la actividad investigadora y el relevo generacional.

Ley de Contratos del Sector Público: no se ha logrado una definición clara de los procedimientos que las universidades deben seguir para su correcta aplicación. Todo ello ha generado confusión debido a que existen múltiples interpretaciones que las universidades están aplicando con cierta inseguridad jurídica. Se requiere un reglamento que establezca con claridad los aspectos relativos a su aplicación en el sistema universitario.

A estas dificultades se añade que la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales ha evolucionado hacia una complejidad creciente, con criterios cambiantes y de carácter retroactivo, que conducen a descertificaciones y suelen implicar cuantiosos intereses de demora, lo cual está suponiendo una auténtica sangría para los presupuestos de las universidades. Esta complejidad, que se achaca a la gestión de fondos provenientes de la Unión Europea, es muy superior a la que se produce en la gestión y justificación de los proyectos de programas de la propia Unión Europea.

Las trabas burocráticas descritas, además de suponer un impedimento importante para la gestión ordinaria de las universidades, con los consiguientes gastos de personal, producen una pérdida significativa de la financiación recibida, transmitiendo una imagen falsa de los fondos reales que reciben las universidades.

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: consideramos absolutamente necesario que se aborde una solución integral de los problemas que afectan al desarrollo fluido de los programas de investigación para una utilización óptima de la inversión en I+D+i en nuestro país. Para ello, estimamos fundamental que el nuevo Gobierno mantenga la estructura que agrupa Universidades, Investigación e Innovación en un único Ministerio. Cualquier disgregación de este trinomio supondría un grave impedimento para progresar en los avances reclamados por las universidades. Esta estructura debería replicarse, asimismo, en la organización a nivel autonómico, si queremos mantener la necesaria alineación de las políticas de I+D+i.

Establecimiento de calendarios y programas para las convocatorias públicas: las universidades públicas del G-9 valoran muy positivamente que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades haya publicado un calendario con la programación prevista para las convocatorias y su resolución definitiva que restan del programa 2017-2020, lo que facilitará que los investigadores planifiquen su participación en las convocatorias. Sin embargo, vemos con preocupación que determinadas convocatorias, fundamentales para el adecuado desarrollo del sistema de I+D+i, no se publiquen anualmente.

Estatuto del Personal Docente e Investigador: es urgente disponer de un Estatuto renovado que considere las actividades de Investigación y Transferencia al mismo nivel que las actividades docentes a la hora de valorar la dedicación académica.

Reactivación del programa Campus de Excelencia Internacional: consideramos muy necesario abordar la revitalización del programa Campus de Excelencia Internacional, orientando sus objetivos en consonancia con los modelos que se están poniendo en marcha en los países europeos de referencia.

Potenciación de las estructuras de RR.HH. de la I+D+i: se constata la preocupación por la escasez de Recursos Humanos, de nivel técnico, para responder a la creciente complejidad de las tareas asignadas a nuestras distintas oficinas.

Recursos bibliográficos: en relación con los acuerdos de la negociación nacional de la licencia de WOS, ponemos de manifiesto el incumplimiento por parte de la FECYT de sus compromisos económicos.

Grupo 9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, constituida en 1997, e integrada por las universidades públicas españolas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza. Agrupa conjuntamente a unos 200.000 estudiantes presenciales.

La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria.