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Thursday, August 21, 2008 [Publicaciones]

"La atención a la salud laboral ha resultado tardía, incompleta e incierta".

Así lo ha indicado Mariano Gallo Fernández en su tesis doctoral Autorización e inspección de las actividades sanitarias de los servicios de prevención de riesgos laborales.

zoomMariano Gallo Fernández, licenciado en Medicina y Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Sanitario.

Mariano Gallo Fernández, licenciado en Medicina y Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Sanitario.

"La atención a la salud laboral, tanto desde los poderes públicos como desde la propia sociedad, ha resultado tardía, incompleta e incierta". Ésta es una de las conclusiones de Mariano Gallo Fernández en su tesis doctoral "Autorización e inspección de las actividades sanitarias de los servicios de prevención de riesgos laborales", defendida en la Universidad Pública de Navarra y que ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude.

La tesis, dirigida por el Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, José Francisco Alenza García, es la primera que se realiza por alumnos del Programa de Doctorado en Derecho Sanitario puesto en marcha en 2004. Mariano Gallo Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Bilbao, 1979), Especialista en Medicina del Trabajo, Diplomado en Valoración Médica de Incapacidades y Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Sanitario (Universidad Pública de Navarra, 2006). Actualmente es médico inspector del Instituto Navarro de Salud Laboral, entidad de la que fue director gerente desde 1995 hasta 2004.

Autor de numerosos artículos de revistas especializadas y de publicaciones colectivas -todos ellos relacionados con salud laboral, enfermedades profesionales, información sanitaria y vigilancia de la salud-, Gallo Fernández ha presentado una veintena de ponencias en diferentes Congresos y Jornadas, ha impartido docencia, ha participado en actividades de investigación y ha sido miembro de órganos como la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Consejo Científico Asesor del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. En el año 2005 recibió el Premio Nacional 28 de Abril a la Prevención de Riesgos Laborales a la Trayectoria Profesional.

Su tesis doctoral ha tenido como objetivo principal ordenar y sistematizar la dispersión normativa de las actuaciones de autorización e inspección de los servicios y actividades sanitarias en la prevención de riesgos laborales. En este contexto, se presentan los aspectos relacionados con la autorización e inspección de los medios, instalaciones y actividades sanitarias de los servicios de prevención y se intenta ofrecer una visión integral de esta materia, en la que interviene una gran variedad de sujetos, elementos competenciales y normativos y relaciones jurídicas.

Gallo Fernández parte del planteamiento previo de que los trabajadores, como tales, tienen unos derechos en seguridad y salud en el trabajo, pero mantienen los derechos generales de cualquier ciudadano, como es el de la protección de la salud. "La persona del trabajador (trabajador-ciudadano) puede exigir el ejercicio de sus derechos en seguridad y salud laboral ante el empresario en su condición de trabajador -indica el autor-, pero no es obstáculo para la exigencia ante las Administraciones públicas de otros como la protección de la salud".

De su análisis, destaca que "el binomio trabajo-salud y la coexistencia de importantes competencias laborales y sanitarias es algo frecuentemente olvidado en la aplicación práctica".

Carencias y fallos

Entre las conclusiones de su tesis doctoral, Mariano Gallo Fernández constata que la atención a la salud laboral ha resultado tardía, incompleta e incierta, si bien "existe una progresiva, pero aún tímida, intervención administrativa (autorizatoria e inspectora) sobre las actuaciones sanitarias dentro de la actividad laboral". Además, señala que para cumplir con su inexcusable deber de protección en salud laboral "los empresarios optan mayoritariamente por apoyarse en modalidades externas de la organización preventiva frente al uso de recursos propios, en sentido contrario al pretendido".

La coordinación interdisciplinar también falla por el hecho de que los elementos sanitarios de los servicios de prevención suelen estar apartados de los servicios preventivos generales. "Las actividades sanitarias deben enmarcarse en el conjunto de actuaciones preventivas de la empresa, siendo su acción sanitaria principal la vigilancia de la salud".

En ese sentido, apunta que los servicios de prevención no siempre tienen contenido sanitario, "pero si poseen estructuras con dicho contenido, serán servicios sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias, con actuación interdisciplinar e integrada, y sometidos a las reglas de la autorización".

Respecto a la autorización e inspección de servicios de prevención, pone de manifiesto que está sujeta a procedimientos complejos, en los que intervienen diversas administraciones, de distinto ámbito competencial (sanitario y laboral) y territorial (Estado y Comunidades Autónomas", con diferente intensidad según los casos y con importantes carencias de coordinación. "Abundan las diferencias territoriales en las actuaciones e interpretaciones del procedimiento autorizatorio, pudiendo afectar la igualdad efectiva de los ciudadanos, con posibles lesiones de los derechos de los trabajadores y de la libertad de empresa".

La acreditación de los servicios preventivos

En relación con el procedimiento de acreditación de los servicios de prevención ajenos, su tesis señala que "no se ha logrado el deseo integrador y simplificador que se había planteado", de modo que esa acreditación, de validez estatal, "no ha funcionado adecuadamente ante la diversidad de exigencias, prioridades o medios disponibles" en las distintas administraciones y territorios. Así, indica que se han potenciado unas atípicas figuras preventivas externalizadas (servicios mancomunados y sociedades de prevención de las Mutuas) sin acompañarse de una mejora en la calidad preventiva en los centros de trabajo, y que existe también una insuficiente regulación de los equipos sanitarios móviles.

Por último, el autor de este trabajo hace hincapié en que el proceso no finaliza con la autorización de los servicios sanitarios en el medio laboral, sino que exige el seguimiento y control de sus actuaciones, "en especial con la actividad inspectora, que debe tener un adecuado ordenamiento y aplicación práctica que garantice efectivamente los intereses públicos y los derechos de las personas". En este contexto, señala que "ante la confluencia de competencias y su escasa prioridad entre los diversos organismos afectados, se da una escasa presencia de las actuaciones inspectoras sobre las actividades sanitarias en el ámbito laboral".

De su análisis se desprende que las auditorías de los sistemas de prevención de las empresas no han servido, o no se han usado adecuadamente, como un elemento de ayuda y seguimiento y control de las actuaciones. "La actividad sanitaria de los servicios de prevención se halla inmersa en una compleja maraña de relaciones jurídicas que simultanea diferentes sujetos activos y pasivos, objetos y procedimientos, y diferentes intereses, ritmos e intensidades de actuación; esto obliga, con un respeto escrupuloso a las respectivas competencias, a una perfecta coordinación, que no se da, lo que lleva a importantes desigualdades", concluye Mariano Gallo.